Tras dos décadas de hegemonía del MAS, el nuevo habitante del Palacio Quemado ensaya una estrategia contraintuitiva en la era de los hombres fuertes de América Latina: el orden a través del desgaste y la negociación quirúrgica. ¿Es pragmatismo institucional o un pasaporte al vacío político?
Por la Redacción de Revista Fizuras — 19 de junio de 2026
Un presidente sin mayorías parlamentarias sólidas. Carreteras bloqueadas durante más de un mes, con al menos diez muertos —seis de ellos por falta de atención médica— y comités cívicos exigiendo en las plazas que se decrete el estado de excepción. La escena podría pertenecer a cualquier capítulo del siglo XX latinoamericano, pero ocurre en el convulso presente de 2026.
En la región de los «hombres fuertes» —donde la motosierra retórica de Javier Milei en Argentina, el punitivismo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador o los sucesivos estados de excepción de Daniel Noboa en Ecuador marcan la pauta del éxito electoral—, el mandatario boliviano Rodrigo Paz ensaya algo decididamente más complejo, y quizás más peligroso: gobernar desde el centro difuso.
«Rodrigo Paz es un fenómeno complejo para entender cómo es que llegó a la presidencia», señala el politólogo y director de Revista Fizuras, Luis Amurrio, en una reciente entrevista en el programa Políticamente Irreverente. «Para mí es un socialdemócrata… No ha aplicado esas medidas de shock y también busca el acuerdo con los movimientos de izquierda».
Para Amurrio, la clave para descifrar la cautela del Ejecutivo ante el estrangulamiento económico no es la debilidad, sino un cálculo basado en la anatomía del desgaste. Mientras la Central Obrera Boliviana (COB) y el ala radical del evismo buscan un estallido que adelante el fin de su gestión, la apuesta de Paz consiste en que el peso del descontento ciudadano recaiga sobre los propios movilizados. «La estrategia es buscar el desgaste de los movilizados… va a apostar al diálogo a través del desgaste», afirma el analista, que le asigna a Paz un 75% de probabilidades de supervivencia si logra ejecutar la operación con precisión de cirujano.
Es una apuesta de alto riesgo: en junio, el Congreso boliviano —tras quince horas de debate— autorizó al presidente a recurrir a las Fuerzas Armadas para desbloquear las vías, y Paz promulgó una ley que regula los estados de excepción, aunque hasta ahora ha evitado activarla. El diálogo, insiste, sigue siendo la vía preferida.
El peso del linaje y la paradoja del voto popular
El gobierno de Rodrigo Paz está indisolublemente ligado a los fantasmas de la historia boliviana. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y nieto del también expresidente Víctor Paz Estenssoro, Paz llegó al poder mediante una carambola electoral que desafía los manuales de la sociología política tradicional: ganó la segunda vuelta con el 54,96% de los votos, la primera vez en la historia boliviana en que la presidencia cambia de manos a través de un balotaje, y con ello puso fin a dos décadas de dominio del MAS.
Lo paradójico es de dónde vino ese respaldo. Según Amurrio, alrededor del 55% de la votación de Paz provino de sectores populares e indígenas, históricamente alineados con el Movimiento al Socialismo, mientras que las clases urbanas decantaron su voto hacia opciones de derecha más ortodoxa, como Jorge «Tuto» Quiroga. El propio Evo Morales, en un giro pragmático de supervivencia, reconoció públicamente que pidió a sus bases apoyar a Paz para frenar el avance de la derecha radical.
«Si bien viene de una élite tradicional, tuvo su apoyo fundamentalmente en estas bases sociales», explica Amurrio. «No es que vaya a ser un salvador… pero creo que va a ser el político que va a generar esa transición de un modelo de gobierno que se ha vivido hasta el momento a otro tipo».
Sin embargo, gobernar una transición sin una billetera fiscal abultada es un deporte de alto riesgo. Bolivia arrastra el pasivo de veinte años de un modelo extractivista que agotó sus reservas de gas y sumió al país en una aguda escasez de divisas y combustibles —el dólar en el mercado paralelo llegó a costar alrededor de 20 bolivianos durante el gobierno anterior, y hoy ronda los 10, una mejora que no alcanza para resolver el desabastecimiento de combustibles—. El Banco Mundial proyectaba en abril una contracción del 3,2% del PIB boliviano para 2026, después de una caída del 2,1% en 2025. Esa cifra, como se verá más adelante, hoy luce incluso optimista. Con ese telón de fondo, las promesas de campaña chocan de frente con la cruda realidad del poder: recortar el gasto público y levantar gradualmente las subvenciones estatales a los hidrocarburos.
La trampa ideológica frente al pragmatismo global
La gran pregunta que divide a los analistas de la región es si el gradualismo de Paz es viable en una sociedad hiperpolarizada. Para politólogos como el argentino Andrés Malamud, el centro político en América Latina se ha convertido en una «zona de muerte electoral»: en contextos de alta insatisfacción económica, las sociedades tienden a premiar la estridencia y el conflicto abierto antes que la moderación institucional. Desde esa lectura, la estrategia del desgaste mutuo podría terminar devorando la propia legitimidad del presidente antes de que los movimientos sociales decidan ceder.
Amurrio ofrece una lectura distinta, casi de manual de estrategia: lejos de ser rehén de la polarización regional, Paz la usa como herramienta. Según describe, el presidente ha optado por radicalizar discursivamente a ambos extremos del tablero para poder ocupar con más fuerza el centro: a Tuto Quiroga le reclama públicamente su insistencia en aplicar de inmediato un estado de excepción militar, mientras que a Evo Morales le atribuye el sabotaje económico de los bloqueos. Es una operación de pinza retórica que busca, simultáneamente, deslegitimar a la derecha más dura y aislar al ala radical del evismo, dejando a Paz como la única opción «razonable» entre dos extremos que él mismo contribuye a dibujar como extremos.
Para sostener esa posición, Amurrio elaboró un mapeo de los actores que hoy gravitan en torno al conflicto. En el centro, Rodrigo Paz. A su alrededor, los partidos de oposición tradicional —Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa— que, pese a las diferencias, respaldan la institucionalidad del mandato; más allá, un entorno internacional de organismos y países, entre ellos la OEA y Estados Unidos, que avalan la legitimidad del gobierno. En una zona intermedia y decisiva se ubican los movimientos sociales masivos —la COB, los trabajadores fabriles, sectores urbanos y el magisterio—, a la expectativa de cómo responde el Ejecutivo a sus demandas. Y en el extremo opuesto, Evo Morales y los cocaleros del Chapare, que representan la izquierda radical. La supervivencia de Paz, sostiene Amurrio, depende de que logre atraer hacia el consenso a ese bloque intermedio y así aislar definitivamente al sector radical.
Bolivia posee, además, dos cartas que pesan en ese tablero más allá de la coyuntura: la tercera reserva mundial de litio y yacimientos clave de tierras raras, indispensables para la fabricación de microprocesadores. El problema es que los capitales extranjeros no buscan afinidades discursivas, sino estabilidad normativa. «Los países como Rusia, China o Estados Unidos no van a invertir si no ven algo que les dé confianza en el país», advierte Amurrio. «Bolivia tiene que generar esa confianza internacional… no tiene el lujo de elegir aliados ideológicos, sino que tiene que aproximarse a todos de la misma manera. Lo que necesitas son aliados comerciales». El propio gobierno ha buscado ese respaldo en la administración Trump, que prometió financiamiento internacional, aunque Amurrio insiste en que ese acercamiento por sí solo no basta: Bolivia necesita diversificar sus relaciones si quiere oxígeno económico real.
Día 50: el desgaste, en cifras
La hipótesis del desgaste ya no es una elucubración teórica: este viernes, Bolivia cumple 50 días de conflicto —siete más de los que llevaba cuando Amurrio describió por primera vez esta estrategia—, y los hechos recientes ofrecen la primera evidencia empírica de hacia dónde se inclina la balanza.
El diálogo entre el Gobierno y la COB está, literalmente, en pausa. La mesa de negociación no volvió a reunirse en dos días, y el propio Paz se limita a decir que las conversaciones avanzan «de buena manera» sin que existan acuerdos visibles. El nudo ya no es la salida del presidente —la COB retiró esa exigencia, un giro que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señala como la condición que hizo posible sentarse a hablar—, sino dos demandas que se traban entre sí: el dirigente cobista Mario Argollo exige amnistía para los detenidos y procesados por hechos violentos durante la protesta, mientras el Ejecutivo condiciona seguir negociando al levantamiento total de los bloqueos. Ninguno de los dos ha cedido.
Ahí aparece, además, una fisura que el cálculo de Amurrio no contemplaba del todo: el propio bloque oficialista no habla con una sola voz. Lupo fue tajante —»no se va a cogobernar con nadie»—, y desde la Asamblea, el diputado Édgar Zegarra fue más allá al prometer que no descansará hasta encarcelar a Argollo y a otros dirigentes. Es una retórica que contrasta con el tono conciliador que Paz mantiene en público, y que sugiere que el «centro difuso» del presidente convive con sectores propios menos dispuestos a la negociación quirúrgica.
Del otro lado, el desgaste sí parece estar mordiendo a los movilizados. Los puntos de bloqueo, que llegaron a superar la cifra de 90 en su momento más álgido, se han vuelto intermitentes y esporádicos: en localidades como Río Seco, los bloqueadores aparecen solo por horas, y tramos que estuvieron cerrados durante 40 días fueron despejados por vecinos y transportistas hartos de la parálisis. Las bases campesinas de La Paz, en paralelo, muestran sus propias divisiones internas.
Pero el costo acumulado ya superó cualquier proyección inicial. Mientras el Banco Mundial hablaba en abril de una contracción del 3,2% del PIB, el sector privado boliviano estima ahora una caída de más del 5% solo por el efecto del conflicto, con pérdidas que la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) calcula en 2.700 millones de dólares acumulados. A esto se suma un costo judicial que empieza a parecerse a una crisis de derechos humanos en ciernes: según la Defensoría del Pueblo, hubo 360 personas arrestadas en 50 días, de las cuales 103 siguen procesadas o con detención preventiva, algunas ya con condenas de tres años bajo procedimiento abreviado.
Visto en perspectiva, son apenas siete meses de gobierno, y aproximadamente un quinto de ese tiempo ha transcurrido bajo conflicto agudo. El desgaste, en suma, está funcionando como predijo Amurrio —los bloqueos pierden fuerza, no el Gobierno—, pero a un precio económico y judicial que ninguno de los dos bandos puede seguir pagando indefinidamente sin que la «operación quirúrgica» termine pareciendo, simplemente, una herida abierta.
El espacio vacío del poder
Citando al filósofo político francés Claude Lefort, Amurrio recuerda que el poder en una democracia moderna es, fundamentalmente, un «espacio vacío»: no pertenece a un individuo, ni a un partido, ni a una corporación sindical, sino que debe permitir la coexistencia de las élites orientales de Santa Cruz y las organizaciones comunitarias del occidente del país.
No es casual que Amurrio recurra a esa imagen también para explicar el llamado «Estado Tranca» que el propio gobierno de Paz busca desmantelar: el entramado burocrático —trámites que exigían fotocopiar el documento de identidad una y otra vez ante distintas reparticiones— que, según el oficialismo, ha mantenido capturado el aparato público durante años. Modernizar ese Estado sin vaciarlo de su carácter plurinacional es, en el fondo, la misma apuesta que sostener el diálogo sin ceder en lo esencial: ocupar el espacio vacío del poder sin que ningún sector sienta que quedó fuera de él.
El desenlace de la crisis determinará si Rodrigo Paz logra llenar ese espacio con un nuevo pacto de gobernabilidad republicana, o si Bolivia se encamina hacia una fragmentación irreversible. Con el diálogo en pausa y dos demandas irreconciliables sobre la mesa, los próximos días —no las próximas semanas— dictarán buena parte de la sentencia. En la política boliviana, donde las calles suelen redactar las leyes no escritas del Estado, el cirujano en el poder no tiene margen de error: la línea que separa al estadista de transición del gobernante olvidado es, hoy más que nunca, peligrosamente delgada.
