Por FIZURAS | Análisis Político Internacional
La Paz, 30 de diciembre de 2025 — A menos de dos meses de haber asumido el poder tras poner fin a casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), el presidente Rodrigo Paz Pereira ha promulgado lo que su gobierno define como un «decreto histórico»: el Decreto Supremo N° 5503, una ambiciosa batería de 121 artículos que pretende rescatar a Bolivia de una de las crisis económicas más severas de su historia reciente. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo de la norma y sus implicaciones, emerge una pregunta fundamental: ¿está Bolivia implementando un programa de estabilización coherente o simplemente aplicando medidas dispersas que, aunque individualmente sensatas, carecen de la arquitectura macroeconómica necesaria para generar una recuperación sostenible?
La Crisis Heredada: Un Diagnóstico Brutal pero Preciso
El decreto comienza con un diagnóstico devastador. Las reservas internacionales netas de Bolivia, que en 2014 alcanzaban los USD 15,100 millones, se desplomaron a apenas USD 1,976 millones al cierre de 2024, el nivel más bajo en 60 años y equivalente a solo el 4% del PIB. De ese monto, únicamente USD 139 millones corresponden a divisas líquidas; el resto es oro monetario cuyo valor se ha inflado artificialmente por la cotización internacional del metal, sin que esto represente mérito alguno del Banco Central.
La situación es aún más dramática cuando se considera que Bolivia importa el 86% del diésel y más del 50% de la gasolina que consume. La factura por combustibles pasó de representar el 4% al 9% del PIB, drenando las escasas reservas y generando déficits fiscales cercanos al 9-12% del PIB durante los últimos años. El país experimentó una recesión del 2.4% en el primer semestre de 2025, con inflación cercana al 10% —la más alta desde los años ochenta— y un mercado paralelo de dólares donde el tipo de cambio prácticamente duplica la tasa oficial de 6.96 bolivianos.
En este contexto, el diagnóstico del decreto es acertado: Bolivia enfrenta no solo una crisis cíclica, sino estructural y, en palabras del propio documento, «terminal».
Las Medidas: Táctica sin Estrategia
El Decreto 5503 es, ante todo, un catálogo de medidas técnicamente correctas pero estratégicamente desarticuladas. Veamos algunos ejemplos:
En materia de inversión extranjera, se establece un régimen con estabilidad jurídica y tributaria por 15 años, procedimientos expeditos (30 días), y hasta arbitraje internacional. Es exactamente lo que Bolivia necesita para atraer capital. Sin embargo, ¿qué inversionista apostará por un país que no ha definido su régimen cambiario? El artículo 120 del decreto se limita a «instruir» al Banco Central a «adecuar y transitar hacia un nuevo régimen cambiario», sin especificar absolutamente nada sobre su naturaleza, timing o mecanismos.
En combustibles, el decreto sincera precios —gasolina especial sube de Bs 3.74 a Bs 6.96, diésel de Bs 3.72 a Bs 9.80— eliminando subsidios que costaban USD 4,000 millones anuales (casi el 10% del presupuesto). Esto es fiscalmente inevitable. Pero la norma congela estos precios por seis meses, aplazando la pregunta crucial: ¿qué sucederá después? ¿Se implementará un sistema de bandas? ¿Precios móviles vinculados al mercado internacional? La respuesta, nuevamente, brilla por su ausencia.
En materia tributaria, se ofrecen incentivos inteligentes: crédito fiscal adicional del 20% en compras nacionales, depreciación acelerada, amnistía tributaria. Pero sin un ancla fiscal creíble —metas de déficit, reglas de gasto— estos beneficios podrían erosionar aún más los ingresos públicos sin garantía de que se traduzcan en mayor inversión productiva.
La Gran Omisión: El Tipo de Cambio
El economista boliviano Carlos Jahnsen, en un análisis publicado en Brújula Digital, capturó con precisión el problema central: «La omisión cambiaria es particularmente grave. En una economía con restricción externa estructural, la ausencia de un tipo de cambio real competitivo y deliberadamente subvaluado equivale, en los hechos, a la ausencia de programa económico».
Bolivia ha mantenido durante años un tipo de cambio fijo de 6.96 bolivianos por dólar, mientras el mercado paralelo operaba entre 10 y 11 bolivianos. Esta situación generó distorsiones masivas: incentivó la dolarización de ahorros, desalentó las exportaciones, encareció artificialmente los bienes importados subsidiados con reservas que ya no existen. El decreto no solo no resuelve esto, sino que ni siquiera lo menciona explícitamente más allá de delegar en el BCB la responsabilidad de «definir» un nuevo régimen.
Sin una devaluación ordenada o la adopción de un sistema de flotación administrada, todas las demás medidas operan en el vacío. ¿Cómo atraer inversión productiva si no hay señales de rentabilidad futura? ¿Cómo promover exportaciones agroindustriales —cuya liberalización celebra el decreto— si el tipo de cambio las hace no competitivas? ¿Cómo repatriar capitales si los inversionistas anticipan que el boliviano perderá valor?
El Costo Político del Ajuste Socializado
Mientras el decreto congela salarios públicos y prohíbe nuevas contrataciones estatales (con las excepciones simbólicas de salud, educación, policía y defensa), incrementa el salario mínimo un 20% —de Bs 2,750 a Bs 3,300— en un contexto inflacionario. Esta medida, aunque políticamente popular, podría erosionar la competitividad de sectores formales y profundizar la informalidad, que ya ronda el 85% de la población económicamente activa.
Los bonos sociales anunciados —Bs 300 del Bono Juancito Pinto, incremento de Bs 150 en la Renta Dignidad, creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) con transferencias de Bs 150 mensuales— son paliativos necesarios pero insuficientes. El PEPE, por ejemplo, está financiado parcialmente con «fondos del Tesoro General del Estado» y «financiamiento externo» no especificado. ¿De dónde saldrán estos recursos si las reservas están agotadas y el país enfrenta restricciones de crédito internacional?
Capitalismo Sin Capital: La Contradicción Central
El gobierno de Paz Pereira ha prometido un «capitalismo para todos», una apertura al sector privado tras dos décadas de estatismo. El Decreto 5503 avanza en esa dirección: eliminación de autorizaciones previas de importación, liberalización de exportaciones agrícolas, facilidades para distribuidores privados de combustibles, amnistía tributaria para repatriación de capitales.
Pero aquí surge una contradicción: ¿cómo implementar un modelo de capitalismo abierto sin resolver primero el problema del acceso al capital? Bolivia necesita urgentemente divisas, crédito, inversión extranjera. Sin embargo, el decreto rechaza implícitamente el recurso al FMI (una postura ideológica que el gobierno mantiene de su antecesor del MAS) y no articula una estrategia clara de negociación con organismos multilaterales.
El economista Alberto Bonadona señaló que en 2024 Bolivia recurrió a préstamos para cubrir USD 1,526 millones en servicios de deuda, financiando deuda con más deuda. Esta trayectoria es insostenible. Países como Argentina, Ecuador, y el propio Brasil han recurrido al FMI en circunstancias similares y, con programas bien diseñados, han logrado estabilización. La negativa ideológica de Bolivia a considerar esta opción limita severamente sus alternativas.
¿Tiempo Ganado o Tiempo Perdido?
Como bien resume Carlos Jahnsen en su análisis, «el DS 5503 gana tiempo, pero no redefine el rumbo, no es un golpe de timón». Las medidas son, en su mayoría, técnicamente competentes: corrigen distorsiones evidentes (subsidios insostenibles, barreras burocráticas absurdas, incentivos perversos al contrabando), pero no constituyen un programa integral de estabilización macroeconómica.
Un programa creíble requeriría, como mínimo:
- Definición explícita del régimen cambiario: ¿Flotación administrada? ¿Bandas? ¿Qué tipo de cambio objetivo?
- Ancla fiscal clara: Metas de déficit, trayectoria de consolidación, reglas de gasto.
- Política de ingresos coordinada: No se puede aumentar el salario mínimo 20% mientras se congela el salario público y se espera controlar la inflación sin un ancla monetaria creíble.
- Estrategia de negociación internacional: Acceso a líneas de liquidez, reestructuración de deuda, o —sí— considerar programas con el FMI.
- Política industrial: ¿Cuáles son los sectores estratégicos? ¿Litio? ¿Agroindustria? ¿Servicios? El decreto no lo dice.
El Factor Tiempo: La Ventana se Cierra
Paz Pereira asumió el poder en noviembre de 2025 con un capital político considerable: 54.9% de los votos en segunda vuelta, acabando con casi 20 años de dominio del MAS, y un bloque legislativo que, aunque no mayoritario (49 diputados de 130, 13 senadores de 36), es la primera fuerza en el Congreso.
Sin embargo, ese capital se erosiona rápidamente. Las protestas contra el alza de combustibles ya han comenzado en algunas regiones. Los sectores sindicales, tradicional bastión del MAS, amenazan con bloqueos. Y, críticamente, la crisis no da tregua: cada mes que pasa sin resolver el problema cambiario, sin atraer inversión, sin estabilizar las reservas, es un mes en que la situación se deteriora.
El politólogo Franco Gamboa, de la Universidad Mayor de San Andrés, advierte que Evo Morales, aunque debilitado, mantiene poder de movilización en las regiones cocaleras y está «rearticulándose» de cara a las elecciones departamentales de 2026. Si el gobierno de Paz no muestra resultados tangibles —abastecimiento de combustible estable, dólares disponibles, inflación controlada— en los próximos seis meses, la ventana de oportunidad para reformas más profundas podría cerrarse definitivamente.
Lecciones Regionales Ignoradas
Es instructivo comparar el caso boliviano con experiencias recientes en la región. Argentina, bajo Mauricio Macri (2015-2019) y ahora bajo Javier Milei (2023-presente), implementó ajustes dramáticos con resultados mixtos: Macri fracasó por falta de credibilidad fiscal y dependencia excesiva del financiamiento externo; Milei, en cambio, ha logrado reducir drásticamente la inflación mediante un ajuste fiscal brutal y devaluación controlada, aunque a un costo social enorme.
Ecuador, en 2000, adoptó la dolarización total tras una crisis similar a la boliviana. La medida fue traumática pero efectiva: eliminó de un plumazo la incertidumbre cambiaria, ancló expectativas y permitió la reconstrucción gradual de la confianza.
Perú, por su parte, ha mantenido desde los años noventa un régimen de metas de inflación con flotación cambiaria, lo que le ha permitido absorber shocks externos manteniendo estabilidad macroeconómica.
Bolivia no necesita copiar ninguno de estos modelos, pero sí aprender de ellos una lección fundamental: la estabilización requiere decisiones claras, aunque dolorosas, sobre el ancla nominal de la economía. No se puede estabilizar «un poco» o «gradualmente» una situación terminal. Como dijo el economista Jeffrey Sachs sobre la estabilización boliviana de 1985: «En economía, como en cirugía, a veces lo más compasivo es el corte rápido».
Conclusión: Un Decreto Necesario pero Insuficiente
El Decreto 5503 representa el reconocimiento más honesto que un gobierno boliviano ha hecho en décadas sobre la gravedad de la crisis económica del país. Sus medidas —eliminación de subsidios insostenibles, apertura a la inversión, desregulación comercial, incentivos tributarios— son individualmente sensatas y, en algunos casos, largamente postergadas.
Pero la ausencia de una estrategia macroeconómica integral —particularmente la omisión de un ancla cambiaria y fiscal clara— convierte al decreto en un conjunto de medidas tácticas sin estrategia. Es como intentar reparar un barco que se hunde tapando las grietas más visibles, sin reparar el casco.
Bolivia no enfrenta una crisis de instrumentos, sino de visión y decisión. Los instrumentos —política cambiaria, fiscal, monetaria— están disponibles y son conocidos. Lo que falta es la voluntad política para articularlos en un programa coherente y comunicar con franqueza a la población los costos inevitables del ajuste.
El presidente Paz Pereira prometió en su discurso de asunción «hablar con la verdad». El Decreto 5503 dice muchas verdades sobre el diagnóstico, pero guarda silencio sobre la verdad más difícil: que sin decisiones claras sobre el tipo de cambio, sin un programa de estabilización creíble respaldado por instituciones financieras internacionales, y sin un acuerdo político amplio que distribuya equitativamente los costos del ajuste, Bolivia podría estar simplemente ganando tiempo antes de una crisis aún más profunda.
En las próximas semanas, cuando el Banco Central de Bolivia «defina» el nuevo régimen cambiario que el decreto le delega, sabremos si estamos ante el comienzo de una verdadera reconstrucción económica o simplemente ante otro capítulo del largo declive boliviano. La historia no juzgará al gobierno de Paz por las medidas que tomó, sino por aquellas que, teniendo la oportunidad, decidió postergar.
El autor es analista político especializado en América Latina. Ha asesorado a gobiernos y organismos internacionales en procesos de reforma económica y transición política.
