Hicieron falta dos años para que Bolivia vuelva a sumergirse en una crisis política y social, esta vez por la realización de un censo. Este contexto no solo ha despertado algunos fantasmas de un pasado reciente, caracterizado por la violencia, incertidumbre, polarización y la ralentización de la economía, pero, sobre todo, pone de manifiesto cómo la clase política se sirve de la población para luchar por el poder, a la par que son vulnerados y constreñidos por una situación de orden político que escapa de un contexto de normalidad.
El gobierno de Luis Arce tenía previsto censar este año, pero lo suspendió para 2024 justificándose en la pandemia y (en una supuesta) la correcta aplicación del cronograma censal, pese a contar con la financiación externa correspondiente. Por su parte, múltiples paros y bloqueos frenan Santa Cruz, motor económico y eje de la oposición, que junto a otros departamentos, regiones y comités cívicos exigían, en primera instancia, la realización del censo en 2023 y la aplicación de los resultados antes de las elecciones de 2025.
En las mesas técnicas negociación, instaladas por el gobierno, se evidenció un escenario de correlación de fuerzas y un aumento de la beligerancia por la escasa predisposición a ceder. Para reducir la conflictividad el gobierno decretó la realización del censo en marzo 2023 y la asignación de recursos en septiembre del mismo año. La oposición, aceptando estas disposiciones, mantiene sus protestas exigiendo que una ley zanje el asunto.
“Bolivia, al igual que otros países de Latinoamérica, está en una escalada de radicalización y polarización” explica Mario Galindo, doctor en ciencias políticas y economía. Sin embargo, observa que “en la correlación de fuerzas el gobierno tiene una posición favorable, pero de continuar esta escalada puede perderla” y, como consecuencia, “se ingrese en lo que Gramsci llama un empate catastrófico: ninguna de las fuerzas puede derrotar a la otra, mientras que la sociedad entra en catástrofe”.
El MAS, un no-partido hegemónico que ha gobernado y vertebrado al país con relativo éxito durante 16 años, se encuentra desgastado por las contradicciones internas y la dificultad de sostener los intercambios transaccionales entre estado y organización sociales. Con todo, ha tratado de aglutinar sus fuerzas para enfrentar a la oposición. Esta última no gozaba de una imagen positiva, estaba fragmentada y no generaba propuestas, pero con este debate ha adquirido una importancia solo vista en 2016 y 2019.
“La política boliviana, desde 2005 hasta 2021, era dual. No obstante, hay una nueva configuración de fuerzas, con tres actores muy potentes: el gobierno de Luis Arce, el expresidente Evo Morales y Santa Cruz” señala el consultor político Manuel Suárez. “Esa relación binaria y polarizada entre dos grandes fuerzas, donde siempre ganaba el bloque Nacional Popular, llega a su fin y se abre ahora una relación a tres bandas. Un triángulo que requiere nuevas maneras de enfocar las cosas en la política y quizá en la vida pública en general”, explica Suárez. Por lo tanto, la naciente composición de fuerzas va a influir en la resolución del conflicto
El análisis de las narrativas comunicacionales de los tres sectores muestra; al gobierno señalando a la oposición de utilizar el censo para rearticularse y desestabilizar al país, emulando los sucesos de 2019; En la oposición prima el relato de la postergación del desarrollo por los obstáculos impuestos desde el gobierno y reclaman una escasa representación política. Ambos sectores polarizan entre sí. Por su parte, Morales desacredita sigilosamente al gobierno por no resolver el conflicto, y a la oposición por desgastar al gobierno y dañar la economía.
La economía boliviana ya venía malograda por la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania. Los principales indicadores económicos tampoco exponen señales alentadoras: existe una elevada deuda externa e interna, un aumento del déficit fiscal, un expansivo gasto corriente, una disminución de los ingresos y las reservas internacionales se contrajeron alrededor de un 20% este año. Con los paros y bloqueos, se incrementaron los precios de los productos de primera necesidad y se registran pérdidas en más de $1.000 MM.
Aunque el conflicto aparenta ser un tema administrativo y técnico, no lo es. En el trasfondo “hay una sobreposición de problemáticas alrededor del censo. Hay intereses políticos, que vienen desde 2019, también hay intereses económicos y empresariales. Los sectores afines al MAS están interesados en mantener su hegemonía territorial. En el ámbito territorial hay fisuras históricas entre oriente y occidente, que se activan con los conflictos”, observa Maria Teresa Zegada, la investigadora de Ceres y profesora de la UMSS. Además, apunta a que la toma de partida y posturas de ciertas autoridades opositoras y de gobierno “complican más esta correlación de fuerzas, y el análisis de quién se impondrá”.
Galindo cree que “las posiciones se pueden enfrentar de una manera radical, o por la vía democrática, no obstante, por el dominio que tiene el MAS del Estado, la oposición desconfía que los acuerdos se respeten, como pasó con el referéndum de 2016”. “Lo deseable es que no se recurra a la violencia, sino que se vaya por la vía de la política, y en concreto, de la democracia. Para eso es en gran parte la democracia y para eso es la política: para pactar y evitar la guerra” explica Suárez. Sin embargo, Maria Teresa observa que “la disputa no es reciente, y que por las raíces estructurales de la polarización, nada hace suponer que se resuelva con el censo, sino que se va a proyectar hacia adelante”.
En Bolivia todavía hay una ruptura social muy potente y que aglutina las múltiples divisiones posibles: campo/ciudad, occidente/oriente, izquierda/derecha, etc. Esa división se hizo presente en 2016, con el referéndum por la reelección indefinida, pasando por el 2019, con la salida de Morales y la llegada de Jeanine Añez al poder, hasta la actualidad, con el debate del censo. Y mientras un sector no se imponga definitivamente o se alcance un pacto social, esta ruptura seguirá vigente.
En los últimos años, son cada vez más las voces que miran estos conflictos con reojo y desconfianza, puesto que ha sido la ciudadanía la que ha estado al frente de los flancos de batalla y la que menos beneficios ha recibido. Además, ha empezado a vislumbrar que tras bambalinas se esconde una lucha por el poder, que no vela por el destino de la nación y sus habitantes. Esta dura realidad, tracciona en favor de una madurez política que, en gran medida, adquieren la inmensa mayoría de jóvenes.
En definitiva, el conflicto por el censo no es distinto a otros, sino que revela cómo se desenvuelve la política tradicional del país. En este tipo de contextos altamente polarizados y confrontativos, que se suman a las crisis globales y multifacéticas, es la ciudadanía que paga los platos rotos, pero también se hace consciente de la falta de representación y la necesidad de cambio. De esta manera, y con progresivos avances estructurales en el sistema político y generacional de Bolivia, todavía queda camino por recorrer hasta que la política tradicional sea superada.
