Lo que en su momento se desestimó como meras especulaciones por parte de expertos, ha tomado forma como una realidad palpable para todos los habitantes del país. El resurgimiento de los aumentos de precios, la inflación y la inestabilidad económica ha desencadenado una crisis que la población recibe como a un visitante indeseado, familiar por los conflictos previos.
El año 2023 sirvió como preludio del desastre, marcado por titulares que anunciaban la escalada del dólar y la escasez de combustible. El presente año no se ha quedado atrás y ha comenzado con un aumento en el riesgo país, calificado con una clasificación de CCC por Fitch Ratings, enviando una señal al mundo de que Bolivia no es un país al que se le deba prestar dinero en condiciones favorables. Sin embargo, la crisis y sus efectos adversos no son producto de la casualidad; son la consecuencia directa de la política económica implementada por el Movimiento al Socialismo.
Para entender la magnitud de la situación, es esencial analizar los datos. Al momento de redactar este artículo, la brecha cambiaria entre el USD/BOB se sitúa entre el 20% y el 25%. El aumento del dólar ha impactado en los productos importados, especialmente en sectores clave como maquinaria agrícola, material de construcción y medicamentos, según informes del diario El Deber. Además, los sectores encargados del transporte público han solicitado un aumento en el costo del pasaje, argumentando la necesidad de ajustarse a los incrementos en alimentos, industria, seguros y otros sectores de la economía.
En la misma línea, los combustibles han comenzado a enfrentar problemas de abastecimiento, una situación que la Autoridad Nacional de Hidrocarburos rechaza, aunque la realidad en las filas para repostar gasolina o diésel contradice estas afirmaciones. Para completar el panorama, es crucial mencionar las Reservas Internacionales, que, en 2015, ascendían a 15 mil millones de dólares. Sin embargo, según los últimos datos de 2023, estas han disminuido a 1.7 mil millones, representando una pérdida del 88% en menos de una década.
Estos factores, junto con la crisis política interna, merecedora de un artículo por separado, son algunos de los motivos por los cuales Fitch ha otorgado una evaluación «inusualmente baja para los bonos de un país», según sus propias declaraciones. Como se mencionó anteriormente, los problemas que enfrentamos son directamente atribuibles a la política económica del gobierno, cuyas medidas se asemejan a las aplicadas en Argentina durante las últimas dos décadas. Estas medidas incluyen un gasto público elevado, subvenciones a los hidrocarburos, sustitución de importaciones y restricciones al dólar.
El modelo económico se sostiene mediante un gasto público tan elevado que el Ministerio de Economía proyecta un déficit fiscal de al menos el 7.49%, celebrado como algo positivo por las autoridades, considerando que en 2023 fue del 7.8%. Sin embargo, la veracidad de los datos oficiales se cuestiona, y organismos como el FMI dejarán de utilizar los datos de inflación publicados por el Banco Central de Bolivia en sus informes.
La respuesta del gobierno, al igual que la adoptada por los kirchneristas en el sur del continente, consiste en ignorar las consecuencias y seguir ciegamente por el camino de la debacle económica. Se impulsa la idea de que gastando más e ignorando los principios económicos se logrará el crecimiento, adoptando las teorías keynesianas y atribuyendo todos los males del país a externalidades como la pandemia o la guerra en Ucrania.
Recientemente, se generó cierto optimismo ante las medidas anunciadas después de una reunión entre representantes de la empresa privada y las autoridades gubernamentales. Estas medidas incluyen una «liberación» de las exportaciones y la emisión de bonos en dólares por parte del Banco Central de Bolivia (BCB). Sin embargo, esta «liberación» es solo aparente, ya que, al seguir el ejemplo de las medidas adoptadas en Argentina antes de Javier Milei, el MAS no busca desatar las fuerzas beneficiosas del mercado, sino que intenta poner un parche temporal a los problemas. Esto se refleja en la condición de que algunos empresarios solo pueden exportar después de recibir un certificado de abastecimiento del Estado, que probablemente no será otorgado a aquellos que no se sometan a las exigencias burocráticas de turno.
En esta encrucijada económica, donde la sombra de la crisis se cierne sobre Bolivia, las medidas gubernamentales reflejan una resistencia a aceptar la realidad y una persistencia en seguir un camino que ha demostrado ser ineficaz en otras latitudes. Bien lo ha expresado el economista Mauricio Ríos al afirmar que esta medida solo distorsionará más el mercado; lo que se debe hacer es liberar el comercio exterior en su totalidad, sin diferencias entre «empresarios» amigos del gobierno o ciudadanos comunes.
De igual forma, la emisión de bonos en dólares por parte del Banco Central de Bolivia puede considerarse una respuesta desesperada para obtener financiamiento en medio de una crisis que se agrava. Este enfoque corre el riesgo de aumentar la deuda externa sin abordar las causas subyacentes de la crisis, posiblemente creando una carga financiera adicional para las generaciones futuras. Además, con una calificación tan baja por parte de las calificadoras internacionales, ¿quién se atrevería a prestarle dinero a Bolivia?
Este panorama, causado por la visión sesgada y caprichosa de aquellos que manejan el gobierno, afecta a los más pobres y a las clases medias, quienes ven en peligro sus proyectos a corto, medio y largo plazo debido a la ya notoria crisis.
El camino en el cual nos encontramos enmarcados ya fue transitado por Bolivia antes de la hiperinflación de los ochenta, pero parece que la experiencia fue olvidada. También ha sido experimentado y ampliamente estudiado por Argentina, que llegó a acumular una inflación del 4% diario, pero el gobierno simplemente no lo ve o, mejor dicho, no quiere verlo.
La verdadera solución a la crisis actual y futura no puede pasar por simples parches temporales. Se requiere una liberalización exhaustiva de las políticas económicas, atraer inversión externa al país mejorando la confianza en las instituciones, para lo cual se debe repensar el marco normativo. Lamentablemente, no existe una luz al final de este oscuro túnel; ninguna fuerza política se encuentra comprometida con algo más que no sea conquistar el poder para «someter» al rival.
Para mayor inri, mientras Bolivia cae en la sombra de la deuda, inflación, gasto público y estancamiento, veremos en primera plana cómo el país al cual nuestros gobernantes desean imitar ha cambiado de rumbo, abandonando el mentado camino de servidumbre que ahora nosotros dirigimos y cuyo destino no es otro que el sufrimiento de aquellos que alguna vez se vieron tentados por creer en el sueño de poder construir un futuro prometedor en el país.
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