El debate del Censo es un tema eminentemente político, no técnico como se indica en los medios de comunicación. Esto no está relacionado con la cantidad de técnicos, expertos o académicos que determinen la fecha del censo. Porque es una cuestión de voluntad política, de negociaciones, acuerdos, cesiones, y decisiones. En realidad, el debate, con todas sus posturas, esconde intereses contrapuestos de las partes, tanto del gobierno como de la oposición.
Incluso el tema más técnico y experto está influenciado por cuestiones sociales, religiosas, culturales, ideológicas, políticas, etc. En el caso del Censo, en la reunión que se realizó el viernes (28 de octubre) en Cochabamba, se expusieron argumentos técnicos. Sin embargo, estos argumentos mostraban la posibilidad de acortar los tiempos y realizar un Censo más eficiente. En su momento, las autoridades gubernamentales señalaban avances significativos con el Censo, y que podría realizarse en noviembre de este año con la posibilidad de exponer los resultados en 2023, además ya se contaba la financiación correspondiente.
Es un tema político y de conflicto de intereses. En lo que debemos centrar nuestro enfoque es la correlación de fuerzas entre los actores oficialistas y de oposición. Además es un tema que vuelve a polarizar al país cuando se apagaba el desdichado debate de golpe o fraude. Analizar las narrativa utilizados en ambos cuadrantes del eje gobernante y no gobernante, porque eso guía el accionar de los actores.
Por un lado, la narrativa del gobierno señala que este conflicto busca rearticular a la oposición y emular los acontecimientos de 2019. Para ellos, el Censo en 2023 es la excusa perfecta para enfrentar y desestabilizar al país. Esta narrativa es el motor para unir al MAS, que estaba enfrentado en varias facciones. Generando el efecto Rally around the flag (unión interna frente al enemigo externos). Con este relato el gobierno va a justificar e imponer ciertas medidas “acorde al relato que manejan». Como el cierre del gas a un parque industrial, el cerco a Santa Cruz, el freno a las exportaciones, o el acarreo de personas. Medidas que utilizan países autoritarios para reprimir las protestas.
Por otro lado, los cívicos exigen la anulación del Decreto 4760, el censo en Octubre de 2023 y los resultados en los 180 días posteriores para aplicarlos inmediatamente. En su narrativa se observa al estado como uno de los obstáculos que postergan su desarrollo, por lo tanto, es un obstáculo que superar.
Los líderes cruceños, previamente a la cuestión del Censo, se encontraban con un bajo nivel de popularidad. Este debate los devuelve al centro de la opinión pública y relevancia, además de cohesión y determinación entre sus bases.
La correlación de fuerzas podría tener dos efectos. El negativo es que si los relatos siguen poniendo al otro como enemigo y no existen cesiones o negociaciones podríamos entrar en una etapa de recrudecimiento de las acciones de ambos sectores, pasando a una etapa de conflicto abierto.
Puede ocurrir que la gente común se desafecte por tener necesidades mayores como economía, trabajo, bienestar personal, salud, etc. Y vean que la política es egoísta y dictada desde arriba por unos cuantos líderes. Por lo tanto, se genera una corriente de opinión contraria a la política tradicional, que ahora está muy asentada en Latinoamérica con políticos outsiders como Petro y Boric o Trump y Bolsonaro.
En Bolivia la política tradicional involucra organizaciones, movimientos, partidos o grupos cohesionados y verticalizados en torno a intereses sectoriales (comités cívicos, OTBs, sindicatos, etc.). La política tradicional está cediendo terreno al avance de la clase media, el crecimiento de la juventud, las migraciones internas; por la gente que abandona sus pueblos para establecerse en grandes ciudades como Santa Cruz, La Paz o Cochabamba, debido a las oportunidades que representan. Todos estos factores están individualizando y dividiendo a los colectivos, para que ya no se preocupen por un sector determinado, sino por sus necesidades más puntuales como la economía, el desarrollo profesional, el estado de derecho, entre otros.
Este nuevo tipo de sujeto político puede observar el choque o la correlación de fuerzas del gobierno vs oposición como algo caduco, algo que no les representa, y por lo que pierden el interés. Y que además les perjudica. Esto podría generar, muy pronto, en la política boliviana que nazca un nuevo competidor a la política tradicional, es decir que un nuevo actor colectivo, venga de las plataformas o movimientos sociales, podría hacer competencia al oficialismo y oposición.
Por último, tendríamos que identificar cuánta gente que no se siente representada ni por el gobierno ni la oposición y cuantos desean un nuevo tipo de política en Bolivia. Y cuantas personas estarían dispuestas a participar en política. El debate de hoy es el censo y mañana será otro, y todos los debates son definidos por la política tradicional. Pero nuestras necesidades son mayores y no se están resolviendo.
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